El principio del fin de un polémico modelo sanitario
basado en la gestión privada de la sanidad pública que impulsó el PP de
forma pionera en la Comunitat Valenciana. Así podría definirse la
recuperación para el sistema público del hospital de Alzira y de todo el
departamento sanitario de La Ribera que este domingo 1 de abril volverá
a depender de forma directa de la Conselleria de Sanidad, en
cumplimiento del compromiso del 'Pacte del Botànic' que sellaron
PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos para formar
el Gobierno del cambio en la Comunitat Valenciana.
El
origen del modelo se remonta al 19 de junio de 1997. Ese día se firmó
el contrato de gestión de servicios públicos por concesión entre la
Consellería de Sanidad de la Generalitat y la Unión Temporal de Empresas
(UTE) Ribera Salud.
El entonces presidente Eduardo Zaplana impulsaba el
primer caso en España de un hospital de gestión privada echando mano de
las quebradas cajas valencianas Bancaja y CAM, como accionistas de
Ribera Salud. El PP extendió el polémico modelo a las comunidades en las
que gobernaba y Esperanza Aguirre lo implantó en Madrid.
Ese primer contrato, con una vigencia de 10 años, tenía como objeto la
gestión indirecta, por concesión administrativa, de la prestación de los
servicios de atención sanitaria especializada, tanto hospitalaria como
ambulatoria del área de la Ribera.
El nacimiento del
denominado modelo Alzira se producía el 1 de enero de 1999, con la
entrada en vigor de ese contrato. Sin embargo, lejos de cumplirse, las
pérdidas de cinco millones de euros para Ribera Salud en los cuatro
primeros años de vigencia del acuerdo llevaban a ambas partes a su
cancelación el 3 de diciembre de 2002. Lo ocurrido, en lugar de
cuestionar el modelo, supuso su ampliación (y encarecimiento).
Tras la resolución del contrato, el Consell inició una
operación de rescate dirigida a hacer las condiciones más atractivas
para la adjudicataria. En primer lugar, se compró a Ribera Salud las
instalaciones del hospital de La Ribera por 43,9 millones de euros y se
le abonaron, además, 26,3 millones en concepto de "lucro cesante", algo
que no estaba previsto en el contrato.
Después se
volvió a sacar a concurso la adjudicación pero con una reformulación del
modelo que contemplaba, además de la gestión del hospital, el control
de los centros de salud del departamento.
Pero el
cambio sustancial estaba en lo económico: el canon anual que la
administración valenciana pagaba a la empresa por cada habitante
(cápita) de la comarca de La Ribera (257.000 habitantes) creció un 68%,
pasando de 225 a 379 euros por habitante. La cifra no ha parado de
crecer: actualmente es de 777 euros por habitante y año.
El concurso lo volvió a ganar Ribera Salud y el nuevo
contrato empezó su vigencia el 1 de abril de 2003 por un plazo de 15
años, ampliables cinco años más, una prórroga que la actual consellera
de Sanidad, Carmen Montón (PSPV-PSOE), con el apoyo del presidente del
Consell, Ximo Puig (PSPV-PSOE), anunciaron que no se iba a hacer efectiva.
Comenzaba así el proceso de reversión y una guerra abierta con Ribera Salud, que ha planteado sin éxito un alud de recursos judiaciales para tratar de frenar la reversión.
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